sábado, 6 de septiembre de 2008

A PROPOSITO DE LA PRIVATIZACION DE LAS CARCELES

Como preámbulo, refiero que el presente artículo es el resultado de las clases de Maestría en Derecho Penal, cuando nos proyectamos como grupo a adoptar una alternativa de solución al caos en el que se encuentra el sistema penitenciario peruano.
¿Cuál es la realidad del sistema penitenciario en el Perú?
Cada vez es más evidente la crisis del actual sistema penitenciario en Perú. Los frecuentes asesinatos, violaciones y agresiones físicas tanto en el interior de las prisiones, así como la corrupción que envuelve al sistema por parte de las autoridades, son una muestra palpable de la crisis. Asimismo, la mayoría de los centros penitenciarios del país (por no decir todos) presentan una alarmante sobrepoblación.
Al respecto, vale la pena citar el Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la situación de los Derechos Humanos en los Centros de Reclusión que señala: “Que, existen establecimientos donde hay sobrepoblación, y como consecuencia de la sobrepoblación, se detectó también hacinamiento en una gran cantidad de establecimientos, a tal grado que se verificó que algunos lugares donde las celdas fueron construidas para albergar a cuatro internos, duermen hasta treinta personas…”
¿La privatización de las cárceles constituiría una solución a la crisis penitenciaria?
Según el Boletín “Derechos Humanos”, de mayo del 2005, tras una revisión de las cárceles privadas en Estados Unidos y México, informa que es inexacto pretender que la construcción de nuevos centros carcelarios garantizará el respeto a la dignidad de las personas privadas de la libertad; y se incrementa el riesgo de cometer abusos a los derechos humanos; igualmente plantea que “la participación privada en la construcción de prisiones es el primer paso para privatizar las mismas, convirtiendo al delincuente en un cliente y la prisión en un negocio que requiere cada vez de más clientes”.
Este, comentario previo, sirve para comprender a que el estudio se ha centrado en denigrar la privatización, por el apego ciego al tema de los Derechos Humanos, solo desde la perspectiva de los penados, y no desde la OPTICA del personal penitenciario, quienes son el otro grupo humano, que ha sido maltratado hasta la fecha desde el punto de vista de su salario y beneficios, hablamos de sueldos que comprenden entre S/. 700.00 a S/. 1,000.00, de las personas que se encargan de dar seguridad, cuidar, atender y rehabilitar a los penados, a personas peligrosas (por decir menos, cuando hablamos especialmente de las cárceles de máxima seguridad), ello resulta un insulto a la naturaleza humana que exige mejores condiciones de vida y de trabajo. Por qué el estado vive preocupado en dar calidad de vida a los reclusos y se olvida de este otro sector que son “el personal penitenciario”.
Por tanto, desde la óptica de mi opinión, de que se deben privatizar por lo menos las cárceles de máxima seguridad, o cuanto menos se deben iniciar los centros pilotos de privatización “bajo el ojo del amo” (del Estado), es necesario implementar los mecanismos para que sea una realidad a favor no solo del Personal Penitenciario, sino de los propios reclusos, pero sobre todo de la sociedad, donde el estado no deba pagar a cada recluso, sino que el recluso deba trabajar para pagar por el delito cometido, incluso debe diseñarse una estrategia de producción, con la finalidad de que los productos que saquen del penal sean comercializados por el Estado, para garantizar sus ingresos y el respeto al fruto de su trabajo, permitiendo de esta manera que el penado, no olvide sus otras obligaciones; sea como padre de familia, esposo, hijo o hermano.
Por tanto, considero que al asumir la privatización de las cárceles, donde sea el estado partícipe de la políticas internas, no solo se va a garantizar el respecto a los derechos humanos de los internos, sino que además se dará mejores condiciones de vida al personal penitenciario que labora a favor de la sociedad, considerando que son ellos quienes procuran la rehabilitación del sentenciado. Por tanto una posible privatización debe también poner énfasis al personal que actualmente labora en el INPE, y por tanto la o las empresas privadas deben asumir con parte de este personal, como suyo, a manera de condición para su dirección.